El Ministerio de Justicia está desarrollando un anteproyecto de ley para revisar las actuales tasas judiciales (vigentes desde 2002) bajo un enfoque claramente recaudatorio, con objeto de desanimar los recursos de multas y sanciones de tráfico, en un flagrante recorte real de derechos y garantías civiles. Calificada de impopular y discriminatoria por el Comisariado Europeo del Automóvil (CEA), el anteproyecto pretende cobrar 500 euros por la apelación (el recurso) y 600 euros en la casación del mismo por la vía civil y contencioso-adiministrativa, junto a 500 por la suplicación y 750 por la casación por la vía social. Según el Ministerio, la subida deriva del coste de la actividad procesal, el IPC acumulado de la última década y por el coste del órgano jurisdiccional al que se acude…
