La patronal de los vendedores de coches y la de los constructores han puesto precio a las pérdidas generadas por la competencia desleal de los talleres ilegales: un total de más de 3.500 millones de euros en los últimos seis años, según se desprende de la “Propuesta de actuación para la erradicación de talleres ilegales” presentada ante el Seprona de la Guardia Civil por las asociaciones GANVAM y ANFAC.
Para ambas asociaciones patronales, estos centros ilegales representan ya una quinta parte del total de talleres (el 20%), en parte como consecuencia de la crisis y del cierre de talleres y despido de profesionales, que acaban por ganarse la vida trabajando en la economía sumergida. Esto supone unos 10.000 negocios de posventa clandestinos que actúan al margen de las reglas del mercado, sin atender a criterios técnicos de Industria y Consumo y sin cumplir obligaciones fiscales, medioambientales y de Seguridad Social.
Son negocios que no están dados de alta en Hacienda ni en el Registro Especial de Talleres de Industria, y que escapan al control fiscal propiciando que se dejen de ingresar 230 millones de euros anuales derivados no sólo del fraude en el IVA -que no le cobran al cliente final- sino también de la evasión de impuestos derivados (impuesto de Sociedades e IRPF). Sobre mil millones de euros anuales facturados en negro, se calcula en 210 millones lo defraudado por el IVA (21%), más otros 20 millones por la recaudación cesante por el impuesto de sociedades y el IRPF (al 20% de cuota media), o sea unos 230 millones de euros de merma total de ingresos.
Además, como los empleados en estos talleres “sumergidos” carecen de contrato de trabajo legal y, por tanto, no cotizan, estos centros clandestinos incurren en un fraude a la Seguridad Social con unas pérdidas cercanas a los 112,5 millones de euros anuales, a una media de 1,5 empleados por cada taller ilegal. Aparte del perjuicio económico que genera esta actividad sumergida, también afectan negativamente al usuario final, desprotegido al no disponer de facturas, presupuestos ni garantía a las que tiene derecho por ley, a lo que se suma el riesgo para la seguridad vial que implica esta falta de cobertura legal, al no poder garantizarse una reparación segura de los vehículos, y el impacto medioambiental de unos negocios que no cumplen la normativa de gestión y reciclaje de los más de 38 tipos de residuos que genera la actividad del taller.
Independientemente de que estas cifras pudieran estar algo hinchadas, no cabe duda de que la proliferación de estos talleres ilegales en estos últimos años ha agravado la ya de por sí difícil situación del sector de la posventa debido a varios factores como la caída de las matriculaciones –más de un 60% en los últimos años- o el envejecimiento del parque. En los últimos 6 años la facturación en el sector de la reparación retrocedió casi un 30%, lo que explica que más de 6.200 talleres hayan tenido que echar el cierre en este periodo (evidentemente no sólo por culpa de los talleres “piratas”, sino también por el descenso de visitas al taller de los usuarios provocado por la crisis).
Para combatir esta situación, los dirigentes del GANVAM y ANFAC han propuesto al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil la puesta en marcha de un plan de acción urgente con el objetivo de luchar contra las reparaciones ilegales, a través de la coordinación de los ministerios de Interior, Hacienda y Trabajo, así como un calendario de inspecciones regionales derivadas de las denuncias, que comience en las áreas geográficas con mayor actividad ilegal. También se propone centralizar las ventanillas de denuncias en el Ministerio de Interior.
