La declaración del estado de quiebra de la ciudad de Detroit, cuya administración municipal lleva perdiendo dinero desde hace más de una década, no ha sorprendido a nadie en EE.UU. El empobrecimiento de su población (bate el récord de desempleo de las megápolis de región de los Grandes Lagos), el deterioro de su centro urbano y el abandono de sus plantas industriales (por parte de la industria constructora de vehículos y de la auxiliar) han acabado de precipitar una situación considerada ya insostenible desde 2009. Dos de cada tres habitantes de la ciudad están en paro o son pensionistas, y su masa laboral ha perdido 100.000 trabajadores en menos de 15 años. El rescate previsto por la administración Obama (que inyectó casi 50.000 millones de euros para el de GM y Chrysler, la primera ya recuperándose y la segunda casi en manos de Fiat) estaba condicionado a lograr un acuerdo de rebaja con los acreedores (bancos, componentes, sindicatos, etc.), que no se ha logrado, y a partir de ese momento, Washington se ha desentendido de la suerte de la ciudad, que cuenta con una población de apenas 700.000 personas (de ellas, dos tercios de raza negra) cuando llegó a contar con dos millones a mediados del siglo pasado, de las que el 36% vive por debajo del umbral de la pobreza. Con la mayor parte de la clase media huída de su término municipal y el mayor índice de corrupción del país, Detroit tiene un futuro cada vez más negro, con 40.000 viviendas desocupadas y abandonadas y sin perspectivas de recuperación a corto y medio plazo, dentro y fuera del sector del automóvil.
